Frei Betto: Violencia e impunidad en el Brasil rural

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Frei Betto
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El (des)gobierno de Temer ha agravado la escalada de violencia en el campo. En apenas 35 días se produjeron tres masacres y un conato de matanza, casi una por semana, con el saldo de 22 trabajadores muertos en la lucha por el derecho a la tierra, defendido por el papa Francisco al enfatizar que la dignidad humana depende de tres T: tierra, techo y trabajo .

La primera fue en Colniza (MT), el 20 de abril, cuando nueve trabajadores fueron torturados y asesinados por paramilitares encapuchados. El líder de los precaristas fue degollado.

En Vilhena (RO), el 29 de abril se encontraron tres cuerpos carbonizados dentro de un carro, en la misma hacienda donde cinco trabajadores fueran asesinados en 2015, tres de ellos quemados vivos. El crimen permanece impune.

El ataque a los indios gamela se produjo el 30 de abril en Viana, con un saldo de 22 heridos, dos de ellos con las manos amputadas por civiles instigados por ruralistas[1] y políticos, con participación de la Policía Militar, según el registro de un vehículo de la propia corporación.

La masacre más reciente fue en Pau d'Arco, en el sur de Pará, el 24 de mayo: nueve hombres y una mujer asesinados por policías civiles y militares. La versión oficial es que las muertes se produjeron durante una confrontación armada, dado que los policías habrían sido recibidos a tiros.

Esta versión es un insulto a la inteligencia de la opinión pública nacional e internacional. ¿Cómo es posible que en una confrontación armada ninguno de los 29 policías implicados haya sido ni siquiera herido? Y no solo eso: la escena del crimen fue desmantelada y los policías trasportaron los cuerpos a la ciudad.

Esas circunstancias, así como las declaraciones de algunos de los sobrevivientes de la masacre a personal del Ministerio Público y de otras entidades que investigan el caso, indican que se trató de una ejecución planeada y a sangre fría.

La versión oficial intenta revestir la matanza de Pau d'Arco de una apariencia legal, al alegar que se produjo en el "cumplimiento de autos de prisión" y calificar de "prestación de socorro" a la retirada de los cuerpos de las víctimas. En realidad, lo que se hizo fue eliminar vestigios y encubrir una masacre premeditada y cruelmente ejecutada por un personal que reía a carcajadas, según testigos. La barbarie se consumó con el tratamiento dispensado a los cuerpos de las víctimas, tirados como animales a las camas de camionetas, transportados a distancias de hasta 350 kilómetros para realizar la pericia judicial, y devueltos del mismo modo a los familiares, en el suelo de una funeraria, ya putrefactos, para que los enterraran a toda prisa y a su costa, sin posibilidad ni de un breve velorio.

La diversidad de los autores revela la barbarie generalizada que provoca la desidia del gobierno en la solución de los problemas de la tierra en Brasil, cuyas consecuencias se han agravado, sobre todo en los últimos tres años. Todo indica que 2017 superará a 2016, que fue testigo de un récord en la ocurrencia de conflictos por la tierra en Brasil en los últimos 32 años. Fueron 1 079, casi tres diarios, el mayor número desde 1985, cuando la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) comenzó a publicar sistemáticamente sus registros. Ya suman 37 los trabajadores rurales asesinados en los últimos cinco meses de 2017, ocho más que en igual período del año pasado, cuando se registraron 29 asesinatos.

Esa exacerbación de los conflictos agrarios está vinculada a la crisis política que atraviesa el país y al avance criminal del agronegocio sobre el Estado brasileño. Los abusos autoritarios de la cúpula de la República, con su juego de poder servil a los intereses de la minoría del capital, denigran los derechos sociales y relativizan los derechos humanos.

El Estado brasileño ha traspasado los límites del irrespeto a la ciudadanía y a los intereses del pueblo, en una democracia de fachada, cinismo y desfachatez que se alimenta de abusos criminales impunes, como demuestra el Lava Jato. La desobediencia o la manipulación de la legalidad es palabra de pase para los excesos de la represión contra los pobres. Es una licencia para matarlos y pisotearlos. Se niega un mínimo de dignidad a campesinos, trabajadores sin tierra, pescadores, quilombolas[2] e indígenas.

Resulta inaceptable que el poder público se haga el ciego ante la manifestación de ruralistas y parlamentarios realizada en Redenção, en el sur de Pará, el 29 de mayo, en solidaridad con los policías que ejecutaron la masacre en Pau d'Arco, a quienes proclamaron héroes de la causa ruralista.

[1] Terratenientes organizados políticamente para defender sus intereses.

[2] Descendientes de cimarrones que viven en territorios ancestrales.

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* Frei Betto es fraile dominico, teólogo, periodista y escritor brasileño, autor, entre otros libros, de la novela Hotel Brasil (Rocco).

 

​(30 de junio de 2017)